La supremacía moral de la pobreza

Barrio "Altos de Rosainés". Foto de Rafael Simón Hurtado.

La invasión cobra auge y toma impulso. La ventana de los medios de comunicación lo anuncia. Y si miramos por las ventanas de nuestros propios hogares podremos ver cómo el rancho todavía violenta los predios habitados por la desidia y la resignación.
El mito de la opulencia en las ciudades, sigue atrayendo a nuevos habitantes a ocupar, por vía de la agresión, terrenos municipales o privados, sin importan las condiciones Luego de 53 años de cuarta y quinta república, Venezuela, como país, no ha podido vislumbrar una solución definitiva.
En época reciente, algunos grupos, impulsados por una equivocada interpretación política, que le otorga una cierta supremacía moral a la pobreza, se han lanzado sobre terrenos baldíos o construcciones legales inconclusas, a procurar una ocupación despojada de toda organización y proyecto.
Las consecuencias han sido el desarrollo de asentamientos habitacionales irregulares, ilegales y arbitrarios, que originan posesiones precarias.
En el municipio Naguanagua, del estado Carabobo, hay muchos ejemplos. Uno es emblemático: Sembrado a orillas del río El Retobo, al lado de la Iglesia de Los Santos de los Últimos Días, en la avenida Universidad, la invasión devino en un inexplicable contrasentido. Luego de irrumpir violentamente en dicho predio, invocaron para sí mismos el derecho que violaban. Y en una suerte de advocación tutelar que procuraba la protección y el resguardo del nuevo barrio por el gobierno, sus pobladores lo llamaron “Altos de Rosainés”.
El asentamiento quedó segregado de todo servicio urbano: Sin trazado de calles, ni suministro de agua potable. Veredas enmontadas y enfangadas, y un alumbrado eléctrico, con conexiones ilegales, saturan la ya menguada demanda del servicio.
Es un espejo que refleja una realidad nacional que viola los más elementales derechos humanos: un conflicto cultural que desarrolla mecanismos de sobrevivencia en un medio hostil y promueve un estatus jurídico ambiguo que no responde a normas legales vigentes.
Su producto estimula el daño ambiental, pues crea áreas carentes de infraestructura básica de servicios, que deterioran la ecología natural y social de la zona.
“Altos de Rosainés” fue creado en 2004. La gestión gubernamental de entonces prometió sustituir los ranchos levantados luego de la invasión, por conjuntos armados con anime frisado. La construcción, después de cierto tiempo, se paralizó. A duras penas, los propios habitantes han alzado algunas viviendas, pero sin planificación alguna.
Luego de siete años, es evidente que el proyecto fracasó. Para explicar y justificar el abandono, se han recurrido a argumentaciones débilmente fundadas. Los procesos burocráticos y la indiferencia oficial han agudizado cualquier posible tramitación para culminar el proyecto, y en su lugar se ha producido un nuevo fenómeno: LA INVASIÓN SOBRE LA INVASIÓN; que ha convertido el hecho en un círculo vicioso.
A los habitantes de “Altos de Rosainés”, como a otras comunidades de origen similar, sólo les queda exigir la sustitución u optimización de sus viviendas, pues aquí también se cometió una estafa inmobiliaria, una violación a los derechos humanos que debería ser igualmente repudiada públicamente y castigada por los organismos jurisdiccionales.
Las casas, precarias, insalubres e inseguras, deben ser reemplazadas por enfoques habitacionales dignos, y su entorno debe responder a un orden urbano que integre a sus ciudadanos a las redes urbanísticas del municipio, antes de que el gueto siga creciendo.
Es imperdonable que se invoquen razones que parecen pretextos para justificar la negligencia; y sobre todo, es inexcusable cierta práctica política que atribuye a la pobreza una supremacía moral que la autoriza a invadir, como si esa fuese la solución; o como si la pobreza fuese una virtud.